El Gobierno considera que el aval de Estrasburgo a las devoluciones en caliente "da seguridad jurídica al gran trabajo de la Guardia Civil"

El Gobierno considera que el aval de Estrasburgo a las devoluciones en caliente "da seguridad jurídica al gran trabajo de la Guardia Civil"
El Ejecutivo ha defendido que el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a las devoluciones en caliente "permite dotar de mayor seguridad jurídica el gran trabajo que hacen a diario los agentes" en las fronteras, según explican fuentes gubernamentales a eldiario. es. El Gobierno aguardaba el fallo de la Gran Sala para tomar una decisión definitiva sobre las expulsiones inmediatas que no ha dejado de aplicar y defender en las vallas de Ceuta y Melilla. Tras la resolución, el Gobierno "seguirá aplicando la legalidad vigente en la frontera", apuntan por su parte desde el Ministerio del Interior sobre si continuarán con las devoluciones en caliente en la frontera. La sentencia se ha traducido en un respaldo de la Justicia europea a las expulsiones inmediatas que el Ejecutivo defendió ante Estrasburgo. El Ejecutivo sostiene que la decisión de la Corte "permite poder actuar dentro de un marco jurídico europeo consensuado, entendiendo que la frontera sur de España es además la frontera sur de Europa". Además, las mismas fuentes sostienen que la resolución "también permite dotar de mayor seguridad jurídica el gran trabajo que hacen a diario los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el control de nuestras fronteras". Por su parte, Unidas Podemos remite a eldiario. es a la valoración de la sentencia consensuada por el Gobierno. Pablo Iglesias ha participado este viernes en una reunión de alto nivel junto al presidente del Gobierno para tratar este asunto. En la oposición, Pedro Sánchez se comprometió a erradicar estas prácticas, que consideraba ilegales. A su llegada a La Moncloa, su gobierno decidió seguir adelante con el recurso impuesto por Mariano Rajoy al fallo europeo que condenó a España en 2017 por la expulsión inmediata de dos inmigrantes. Por su parte, desde Unidas Podemos siempre se han mostrado en contra de las devoluciones en caliente y desde la oposición han exigido su ilegalización. Algunos miembros del Ejecutivo han cuestionado la sentencia de Estrasburgo antes de que hubiera una reacción oficial. El primero ha sido la ministra de Trabajo. “Respetando las sentencias, no comparto la resolución que se ha tomado”, ha señalado Yolanda Díaz en RNE. Según ha defendido, España "debe estar a la altura de las exigencias de los derechos fundamentales". La delegada del Gobierno para la violencia de Género, Victoria Rosell, quien fue jueza de control del Centro de Internamiento para Extranjeros de Las Palmas, también ha mostrado su oposición al contenido del fallo de Estrasburgo. "Cómo vas a cumplir las leyes y saber quiénes son menores, víctimas de trata o merecedoras de asilo si no pueden hablar. Cómo puede no saber el TEDH que España no tiene aún reglamento con asilo en consulados ni pueden pasar por Beni Enzar", ha lamentado Rosell en Twitter. En 2018, el Gobierno devolvió en caliente a 658 personas en las fronteras de Ceuta y Melilla, 51 más que el año anterior, según las cifras del Ministerio del Interior aportadas en una respuesta remitida a la exsenadora de Unidas Podemos Maribel Mora. Estas expulsiones fueron regularizadas en la legislación española en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy a través de la figura del "rechazo frontera", incluida en una disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta semana, el Constitucional ha empezado a analizar los artículos de la llamada 'Ley Mordaza' cuestionados en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en 2015 por varios grupos parlamentarios de la oposición, incuido el socialista.