Ley de la Sociedad del Aprendizaje: riesgos y oportunidades

Ley de la Sociedad del Aprendizaje: riesgos y oportunidades
El pasado día 4 de diciembre la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación reunió por primera vez en 12 años al Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid para dar el pistoletazo de salida a la llamada Ley de la Sociedad del Aprendizaje, la ley de universidad y ciencia con la que el consejero Eduardo Sicilia Cavanillas, independiente propuesto por Ciudadanos, intentará dejar atrás el fracaso que supuso para el gobierno del PP la LEMES (Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior) y su rocambolesca andadura parlamentaria. Para ello, el consejero ha decidido abrir una serie de grupos de trabajo que, durante el mes de febrero, tratarán cuestiones como financiación, personal, ordenación académica, universidades privadas, estudiantes, gobernanza o consejos sociales con el fin de elaborar una serie de ponencias iniciales que den luego pie a la elaboración de la ley. Entendemos que el consejero pretende con este proceso conseguir un texto suficientemente legitimado a nivel social como para poder obtener los apoyos políticos necesarios sin las controversias y tensiones que provocó la LEMES. Sin embargo, y aunque a priori este procedimiento parece más transparente y participativo, la composición de estos grupos resulta sesgada, pues privilegia a los consejos sociales, que en definitiva no son órganos ni representativos ni democráticos, y a los cargos públicos, frente a colectivos indispensables en la comunidad universitaria, como son estudiantes y trabajadores (docentes, investigadores, de administración y servicios), cuyos representantes deberían estar presentes en el proceso. Asimismo, llama la atención que en el nuevo nombre de la ley no se haga referencia a los conceptos de educación superior y de ciencia e investigación, sino que se utilice un concepto más abstracto ("sociedad del aprendizaje") que al ciudadano no especialista en estos temas puede moverle a confusión, y que además está muy determinado ideológicamente por concepciones no mayoritarias en la comunidad universitaria. En nuestra opinión, antes que una nueva ley, la universidad madrileña necesita resolver problemas urgentes como son la insuficiente financiación pública, la precarización y envejecimiento de las plantillas, así como un mayor y mejor anclaje social, económico y cultural en toda la sociedad de la CM. Si, además desde el Gobierno se decide emprender una reforma legislativa, sería prioritario también esperar o al menos dialogar con la ley estatal de la que dependa. En todo caso, la nueva Ley debería ser capaz de equilibrar las dos concepciones de la Universidad que conviven en nuestra comunidad autónoma y que parecen oponerse sin remedio. Por un lado, la de quienes tienen una visión de la Universidad como un factor vital en el tejido económico empresarial y privilegian fundamentalmente los elementos de servicio inmediato a dicho tejido: investigación aplicada, empleabilidad, financiación público-privada y por objetivos, competitividad en el mercado internacional de la educación, gobierno gerencial. Por otro lado, la de las personas que vemos la Universidad como un motor de conocimiento y de progreso social y cultural, al servicio de la sociedad en su conjunto, para lo que es fundamental disponer de un amplio espacio de autonomía científica y docente con respecto a ella. Para nosotros es clave, pues, la investigación básica y teórica en todas las ramas del saber, y por supuesto en humanidades y ciencias sociales, el papel social y cultural de las universidades, una financiación fundamentalmente pública, suficiente y estable, la formación crítica, colaborativa y asociativa para una ciudadanía con valores democráticos y civiles, y procedimientos de gobierno democráticos, transparentes y acorde a procedimientos estrictamente institucionales. Ahora bien, creemos que estas dos visiones, aquí maniquea y someramente descritas, pueden y deben llegar a un acuerdo y un consenso: ni una puede refutar que la Universidad debe estar atenta a la empleabilidad y a la innovación económica y mercantil, ni la otra es capaz de negar el crucial papel científico, cultural y social de la Universidad pública. Así, pues, toda iniciativa para modificar la legislación universitaria en Madrid debería, como hemos señalado, no solo actuar con lealtad institucional ante las universidades públicas, resolviendo los problemas de financiación y precarización que apuntábamos al principio, sino hacer todo lo posible para que las dos visiones consigan un equilibrio, sin que la primera, que es la del consejero y de los partidos que lo apoyen, busque imponerse sobre la segunda, que es en gran medida la de la comunidad universitaria y, creemos, de gran parte de la sociedad. Si la intención es legitimar una imposición del modelo de Universidad-empresa, la ley fracasará como lo hizo la LEMES, pues tendrá enfrente a gran parte de la sociedad y de la comunidad universitaria. Si, por el contrario, el proceso busca realmente un consenso y un acuerdo, con las cesiones y reconocimientos necesarios por ambas concepciones, entonces puede marcar un hito y ser origen de una nueva época para la Universidad pública, basada en la confianza y la lealtad institucionales, y en una verdadera colaboración. Y para ello, por supuesto, es necesario dejarse de cicaterías y deslealtades financieras como las habidas hasta ahora, combatir la precarización del personal universitario, disminuir la burocratización, y atender prioritariamente los derechos estudiantiles a la educación superior (disminuyendo tasas y aumentando becas), y, por nuestra parte, hacer un esfuerzo de participación no reactivo sino propositivo, sin negar las condiciones y problemas sobrevenidos en los últimos tiempos sino asumiéndolos como una oportunidad para disminuir o eliminar viejas lacras del antiguo modelo universitario. Por eso es nuestra intención hacer todo lo posible para lograr que el proceso sea abierto, participativo y transparente. Ojalá en este camino sepamos y podamos encontrarnos sin los enfrentamientos y polarizaciones que caracterizan la vida política actual.