El sector de la dependencia retrasa la apertura de sus centros de día: "Todavía hay miedo a un brote"

El sector de la dependencia retrasa la apertura de sus centros de día: "Todavía hay miedo a un brote"
Los centros de atención diurna, tanto de personas con discapacidad como de gente mayor, pueden abrir desde la fase 1, sobre todo para servicios de terapias y rehabilitación. Pero muy pocos lo están haciendo. Casi ninguno, según el sector, que por ve demasiado arriesgado retomar la actividad en una fase tan temprana y espera de la Administración criterios de seguridad más detallados y material de protección para atender a una población considerada casi en su totalidad de riesgo. "Francamente, la publicación en el BOE nos sorprendió, me generó muchas reservas", comenta Josep Maria Magriñá, director general de la Residencia y Centro de Día Municipales de Juneda, en Lleida. Se refiere a que el pasado 9 de mayo, el Gobierno incluyó en la orden sobre la fase 1 que se debe garantizar el acceso a "servicios de terapia, rehabilitación, atención temprana y atención diurna para personas con discapacidad y en situación de dependencia". En Juneda están en fase 1 desde el pasado lunes, pero Magriñá cuenta que todavía están adaptando sus instalaciones y revisando protocolos, con lo que no cuentan abrir hasta la fase 2 o incluso 3. Este es de hecho el calendario con el que trabajan varias comunidades autónomas, encargadas de fijar los criterios de apertura y que vieron también precipitada la reactivación de unos centros que llevan cerrados incluso desde antes del estado de alarma. El gobierno de Canarias, que ultima su instrucción, no impondrá fechas y dejará que sean los centros los que poco a poco decidan si están listos. Además, descarta que puedan abrir aquellos que están físicamente dentro de una residencia de mayores, una casuística muy habitual y que aumenta el riesgo de contagios. En Castilla y León tampoco no recuperarán actividad hasta la fase 2, mientras que en Castilla-La Mancha se plantean esto solo para los centros de discapacitados, mientras que los de gente mayor los quieren dejar directamente para la fase 3. Una muestra de la cautela con la que el sector contempla su futuro inmediato está en Catalunya, donde la Generalitat aprobó el 11 de mayo una resolución en la que fijaba criterios de seguridad e higiene como la toma de temperatura de todos los usuarios, la distancia de dos metros entre ellos y entre profesionales o la desinfección periódica de los espacios. Añadía que antes de abrir, los centros debían comunicarlo al Departamento de Asuntos Sociales. Pero una semana después, ni uno solo de los 101 centros de día de mayores y los 43 centros ocupacionales de personas con discapacidad que ya estaban en fase 1 lo había solicitado. En total hay en España 3. 603 centros de día de mayores, el 43% de ellos de titularidad pública, con casi 100. 000 plazas. Se trata de equipamientos no residenciales en los que se prestan servicios de atención psicológica, de rehabilitación y sociosanitaria a personas que han perdido autonomía y que necesitan apoyo más allá de la familia. En el caso de los centros de día para discapacitados, incluyen los ocupacionales para adultos o los de atención temprana para edades de 0 a 6 años. Discrepancias entre familias y entidadesPara Enrique Galván, presidente de la Plataforma Plena Inclusión, que engloba a unas 4. 000 entidades de la discapacidad en toda España, todavía no se cumplen algunos requisitos para abrir durante la desescalada. En primer lugar, piden instrucciones más detallados sobre cómo deben ser los aforos, la limpieza, el transporte, la ventilación para evitar riesgos y quejas. También piden más recursos, en definitiva que actualice el precio de cada plaza que las administraciones suelen abonar a través de conciertos. "Necesitaremos EPI, reconfigurar espacios, instalar mamparas, comprar termómetros, quizás ampliar espacios en otros locales. . . No podemos asumirlo todo nosotros", sostiene Galván. Las entidades que gestionan centros de discapacitados no han olvidado todavía cómo los profesionales de sus residencias fueron prácticamente los últimos en recibir equipos de protección por parte de las autoridades. "Durante todo el primer mes del estado de alarma nos dejaron solos y tuvimos que asumir muchos sobrecostes para pagar EPI de nuestro bolsillo, con una deuda que de momento está ahí", recuerda Ricard Aceves, director general de la Fundación Sant Tomàs, en la comarca de Osona, que gestiona tres centros de día con 170 usuarios. Aceves no cree que pueda hacerlo antes de la fase 3, pero reconoce la necesidad imperiosa de recuperar la actividad. "La falta de rutinas es muy perjudicial para las personas con discapacidad, sobre todo aquellas que tienen grados muy elevados o los que presentan trastornos de conducta graves, que han sufrido mucho el confinamiento", expresa este director. Mientras tanto, los profesionales de su centro han mantenido "paseos terapéuticos" con los usuarios que han podido. Algunas familias ven excesiva la prudencia de las entidades, al considerar que se les está privando de un servicio que consideran esencial para el bienestar físico y emocional de las personas dependientes. "La vida de las personas que sufren un deterioro cognitivo importante ya suele consistir en dar un paso adelante y tratar de no dar otro atrás, con lo que imagínate cómo han sido dos meses sin poder hacer terapia con un logopeda o un fisioterapeuta", resume Aurelia Jerez, presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas de la Ley de Dependencia. Hay consenso entre los actores del sector de que las actividades ambulatorias vinculadas a la atención temprana de 0 a 6 años deberían ser los primeros en abrir. Además, las familias que empiecen ahora a trabajar necesitan estos servicios para poder garantizar la conciliación laboral. Esta es la principal demanda que le ha llegado a Cinta Pascual, presidenta patronal de residencias CEAP y que directora general de L'Onada Serveis, que posee 14 centros de día y decenas de residencias. "Hemos de encontrar el equilibrio entre las necesidades de las personas y sus familias y la salud pública de todo el mundo", expone. Y advierte de que, con cerca de 19. 000 ancianos muertos en residencias, "todavía hay mucho miedo de que se den brotes" entre sus usuarios que podrían ser letales. El transporte y las ratios, lo más complicadoDesde CEAP han elaborado ya un protocolo para centros de día, que ha podido consultar eldiario. es, en plantea una reapertura por fases y priorizando a los usuarios según criterios de necesidad social, gravedad, vulnerabilidad y niveles de dependencia. Sin tests previos no se podrá reincorporar "nadie", establecen, y plantean que las familias firmen declaraciones responsables conforme controlan los síntomas de sus usuarios desde 14 días antes de volver al centro. El protocolo prevé sectorizar espacios y crear grupos de no más de siete personas usuarias. Cada grupo contará con un profesional técnico o auxiliar que no deberá interactuar con otros grupos, para evitar que haya cadenas de contagio de uno a otro. También plantea la toma de temperatura periódica y unas detalladas recomendaciones de limpieza, prohibiendo incluso el uso de la escoba en áreas "críticas" para evitar el levantamiento de polvo. Pero uno de los servicios que más preocupa a las entidades es la del transporte. La mayoría de ellas, tanto de discapacitados como de gente mayor, van a buscar a los usuarios a sus casas o en puntos de recogida, aunque el coste de esto a menudo no entra dentro del concierto y se incluye en copagos de las familias. Pascual y Galván ven completamente inviable seguir con este servicio como está. El protocolo de la patronal de residencias contempla trasladar solo a cuatro personas por vehículo de nueve plazas, más el conductor y la auxiliar. "Al menos debe establecerse una distancia mínima de un asiento vacío", establece. Galván estima que con las nuevas medidas los centros de discapacitados deberán reducir ratios que ahora se sitúan en torno a un profesional por cada 12 usuarios de centros ocupacionales, 8 usuarios de centros de día o incluso 4 en los que tienen personas con mayores necesidades de apoyo. Estos cambios, sumados a los de las instalaciones, calcula que elevarán el coste de la plaza en un 30%. Una información elaborada con aportaciones de Alba Camazón y Jennifer Jiménez.