Sánchez cede y escuchará al CGPJ para su reforma del poder judicial tras las presiones de la UE

Sánchez cede y escuchará al CGPJ para su reforma del poder judicial tras las presiones de la UE
El Gobierno no se plantea retirar su propuesta para reformar la manera de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pero está dispuesto que en el trámite parlamentario representantes de este órgano comparezcan en el Congreso para dar su parecer sobre la polémica reforma. Con ello, Pedro Sánchez busca apagar el incendio que ha provocado en España y en Bruselas su intención de modificar, de forma exprés y saltándose pasos, la ley del Poder Judicial. PSOE y Unidas Podemos registran en el Congreso la reforma del Poder Judicial que esquiva el veto del Partido Popular

Las críticas a los planes para modificar la manera de elegir al CGPJ sin el PP y solo con sus socios de investidura ha dominado la semana. Hace unas semanas, Sánchez confirmó que planteaba una manera de sortear el bloqueo del PP a cualquier acuerdo en un órgano constitucional que lleva dos años en funciones. Para ello, el presidente asumió una propuesta de hace años de Podemos, de sustituir la mayoría cualificada de tres quintos (210 diputados) por la mayoría absoluta (176). Pero, sobre todo, optó por una fórmula legal que anulaba el papel que el CGPJ tiene en la elaboración de leyes, precisamente en una reforma legal que le afecta directamente, que hizo saltar las alarmas en España y la UE. España, en la liga de Polonia y Hungría

Tras una semana en la que España ha sido situada cerca de Polonia y Hungría por una reforma judicial que suscita dudas democráticas, el PSOE ya no descarta escuchar al CGPJ, tal y como este jueves reclamó la Comisión Europea, en una inédita advertencia sobre una reforma legal que ni siquiera ha empezado. Además, cuentan con que los grupos puedan enmendar y “modificar” la proposición de ley que este lunes registraron PSOE y Unidas Podemos.

Fuentes socialistas insisten en que no será a través de un informe preceptivo, porque la reforma no se hará mediante un proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros, tras escuchar, como es habitual, al Poder Judicial y al Consejo de Estado, dado que se trata de una ley orgánica. Sin embargo, al cabo de una semana ‘horribilis’ para el Gobierno por esta reforma, el PSOE sí contempla ya que la cúspide judicial sí tenga algo que decir durante el trámite parlamentario, en una audiencia en el Congreso.

“El reglamento de la Cámara contempla la posibilidad de audiencias y los grupos pueden proponer a quienes estimen oportuno”, apuntan las fuentes. Hasta este momento, todavía tiene que empezar a tramitarse la nueva ley, una vez que el Pleno decida su toma en consideración. De ahí pasará a la comisión parlamentaria, que es donde los grupos podrán solicitar que haya un trámite de audiencia, donde podrán pedir comparecencias como la del CGPJ y otras “partes interesadas”, según las exigencias de la Comisión Europea.

Los socialistas indican que para eso queda todavía “mucho tiempo” y que de momento no hay nada decidido, aunque su portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, aseguró el lunes que los planes son tener la reforma lista en dos meses. Si no es el PSOE, podrán ser otros grupos los que pidan la comparecencia de los representantes del Poder Judicial o, de por ejemplo, asociaciones de jueces que en los últimos días también han alzado la voz contra la reforma.

De esta forma, Sánchez empieza a cumplir algunas de las exigencias que, de forma inusitada, llegaron este jueves desde Bruselas, la instancia que realmente ha hecho saltar las alarmas en el Gobierno, que apenas un día antes asegura que nadie en la UE haría el menor reproche a Sánchez, cuya reforma legal “no tiene nada que ver” con las violaciones del Estado de Derecho que la UE y su Tribunal de Luxemburgo aprecian en la reforma de la justicia en Polonia.

Nada que ver con lo que sucedió. Sánchez ha estado días escuchando -precisamente desde Bruselas, donde jueves y viernes acudió al Consejo Europeo- odiosas comparaciones entre España y Polonia y Hungría, los puntos negros de la democracia en la UE, y hasta unas recomendaciones preventivas y excepcionales por parte de la Comisión.

Desde el principio, PP ha puesto el grito en el cielo y ha advertido de que empleará “todos los resortes” para evitar el “asalto” de Sánchez al Poder Judicial, y la reforma provocó también la protesta de las asociaciones de jueces -también a escala europea- por lo que consideran una injerencia política contra la independencia del Poder Judicial. Advertencias de BruselasBruselas vigilará que la reforma del Poder Judicial consulte a las "partes interesadas" y no dañe su independencia

Sin embargo, las luces rojas se encendieron con la Comisión Europea, que incluso se saltó sus propias reglas para advertir a España de que debe escuchar a todas las “partes interesadas” y de que la reforma del CGPJ no puede llevar a que los ciudadanos perciban que la Justicia no es independiente.

El Ejecutivo comunitario no suele valorar en público las reformas legales que emprenden los Estados miembros hasta que no terminan. Si acaso, hace sus comentarios de manera discreta al Gobierno en cuestión y no hace una evaluación hasta que la ley existe y está en vigor. Sin embargo, tras las condenas por parte del Tribunal de Luxemburgo a Polonia y Hungría por la injerencia de sus gobiernos en la independencia de los jueces, esta cuestión se ha convertido en un tema muy sensible en Bruselas, que esta semana intentó atajar un nuevo problema de este tipo en España.

Por este motivo, su portavoz de Justicia, Christian Wigand, declaró que en Bruselas conocen que se ha presentado un borrador para una nueva legislación y "lo estamos siguiendo y viendo los desarrollos que pueda tener". Era todo un aviso preventivo que el Gobierno intenta ya enmendar abriéndose a escuchar al CGPJ en el proceso elaboración de ley. En caso de que el nuevo sistema de elección de sus vocales no convenza a Bruselas, España se enfrentará a un procedimiento de infracción por la que puede ser multada o enviada al Tribunal del TUE, que ya ha condenado a Polonia y Hungría por sus reformas judiciales.