La Audiencia Nacional estudia elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la posible ilegalidad del gravamen a las energéticas, conocido coloquialmente como el 'impuestazo'. Está por decidir si plantea la cuestión prejudicial, aseguran fuentes jurídicas a La Información Económica, para solicitarle que determine si la tasa extraordinaria infringe o no el reglamento europeo de 2022 que obligaba a los Estados miembro a establecer una contribución solidaria temporal para determinadas empresas energéticas. De hecho, las conclusiones -contestación de la Abogacía del Estado y pruebas- están presentadas desde junio del año pasado en algunos de los recursos presentados por las empresas, con lo cual, afirman las mismas fuentes, la Audiencia Nacional no debería tardar mucho en decidirse, coincidiendo en el tiempo con las negociaciones del Gobierno para intentar convalidar en el Congreso de los Diputados el 'nuevo gravamen'. Los recursos de Iberdrola y Endesa son los que están en un estado más avanzado, según ha podido saber este medio en fuentes del sector, aunque cualquier decisión tendría efecto dominó. El reglamento europeo obligaba a una contribución solidaria temporal sobre el beneficio extraordinario, no sobre la cifra de negocios como hace el gravamen aprobado en España. Y en lo que respecta al sector petrolero, lo circunscribía a las empresas extractoras y refineras, no a los distribuidores. En opinión de las fuentes consultadas, si la Audiencia Nacional decide plantear al TJUE las cuestión prejudicial solicitada por las empresas afectadas en sendos recursos, es porque tiene "dudas razonables" sobre su legalidad. Este procedimiento se considera útil cuando, ante un órgano jurisdiccional nacional, se plantee una cuestión de interpretación nueva y de interés general para la aplicación uniforme del Derecho de la UE, o cuando la jurisprudencia existente no parece dar la necesaria orientación para abordar una nueva situación jurídica. El TJUE suele tardar alrededor de un año en pronunciarse, apuntan fuentes jurídicas. Empresas y patronales recurrieron en bloque la Orden HFP/94/2023, de 2 de febrero, en la que se recoge el gravamen extraordinario al sector energético (modelos de declaración y pago anticipado). Entre ellas destacan Iberdrola, Endesa, Repsol, Moeve (antes Cepsa), la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) y la Unión de Petroleros Independientes (UPI). El gravamen extraordinario fue aprobada a finales de 2022 por una vigencia de dos años para incrementar la contribución fiscal del sector en un momento en el que, según el Gobierno, los precios altos de la electricidad y el gas generaron unos beneficios extraordinarios que las empresas niegan. La Audiencia Nacional rechazó la suspensión cautelar del gravamen solicitada por Repsol, pero las compañías confían en que la justicia acabará dándoles la razón. La tasa grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías energéticas que facturasen más de 1. 000 millones en 2019. No afecta a los ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización. Tampoco a los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural ni, en el caso de generación con retribución regulada y retribución adicional en los territorios no peninsulares, a todos los ingresos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico, respectivamente. Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa y Naturgy han pagado en conjunto alrededor de los 2. 400 millones de euros. Por su parte, el Real Decreto-ley 10/2024, de 23 de diciembre, para el establecimiento de un gravamen temporal energético durante el año 2025, debe someterse en el Pleno del Congreso para su convalidación o derogación, previsiblemente el 22 de enero. El Gobierno ha introducido deducciones a inversiones en transición ecológica para acercarse a Junts tras la amenaza de Repsol de paralizar proyectos en Tarragona, pero tanto la formación catalana como el PNV parecen estar muy lejos de dar su aval al nuevo gravamen. PSOE y Sumar acordaron convertirlo en permanente dentro del pacto de coalición para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo. ERC, Bildu y BNG también apoyan hacerlo fijo. Bajo el nuevo escenario, la obligación de pago nace el día 1 de enero de este año y deberá satisfacerse en los primeros 20 días naturales de septiembre, aunque sin perjuicio del pago anticipado en junio. El real decreto-ley también incluye una disposición adicional segunda para la revisión y concertación del gravamen en el sistema tributario de Euskadi y Navarra. Las resoluciones de los operadores principales y dominantes que deberán pagar el gravamen si finalmente sale adelante, corren a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)