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Con el inicio del curso en enero de 2025, el Programa Ereiten, impulsado por APDEMA con el respaldo del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, celebra un nuevo avance en su labor de fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. Ainhoa, la nueva incorporación, ha comenzado a trabajar en Lautada Ikastola de Ikastolen Elkartea, en el municipio de Agurain en la Llanada Alavesa, marcando un hito significativo en esta iniciativa inclusiva.   

A través de esta incorporación, Ainhoa desempeñará funciones esenciales dentro del entorno escolar, contribuyendo al desarrollo diario del centro y enriqueciendo la comunidad educativa con su participación activa. Como en casos previos, contará inicialmente con el acompañamiento y orientación de una preparadora laboral de APDEMA, lo que garantiza una adaptación progresiva y una integración exitosa en el equipo de trabajo.   

Un aspecto especialmente significativo de esta nueva contratación es que Ainhoa trabajará en su propio entorno, promoviendo oportunidades laborales fuera de la capital alavesa y favoreciendo la inclusión en áreas rurales. Este paso es fundamental para garantizar que la diversidad y la igualdad de oportunidades lleguen también a los municipios de la Llanada Alavesa, contribuyendo a su dinamización social y laboral.   

El avance de Ereiten es palpable: esta es otra prueba del impacto positivo del proyecto en Álava, fortaleciendo su propósito de abrir oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual en centros educativos. El modelo no solo impulsa la inserción laboral, sino que también ayuda a construir comunidades más diversas, igualitarias y cohesionadas.   

Desde APDEMA, queremos expresar nuestro agradecimiento a Lautada Ikastola por su cálida acogida y por compartir el compromiso con la inclusión. Este nuevo paso refuerza la visión de construir un futuro en el que todas las personas tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente y aportar valor a la sociedad.  El Programa Ereiten sigue creciendo y consolidándose como un referente en el ámbito de la inclusión laboral. La trayectoria de Ainhoa y su incorporación a Lautada Ikastola son un ejemplo vivo de los logros alcanzados y un incentivo para continuar avanzando hacia una sociedad más justa y solidaria.

Apdema | Asociación a favor de Personas con Discapacidad Intelectual de Álava

La Audiencia Nacional estudia elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la posible ilegalidad del gravamen a las energéticas, conocido coloquialmente como el 'impuestazo'. Está por decidir si plantea la cuestión prejudicial, aseguran fuentes jurídicas a La Información Económica, para solicitarle que determine si la tasa extraordinaria infringe o no el reglamento europeo de 2022 que obligaba a los Estados miembro a establecer una contribución solidaria temporal para determinadas empresas energéticas.De hecho, las conclusiones -contestación de la Abogacía del Estado y pruebas- están presentadas desde junio del año pasado en algunos de los recursos presentados por las empresas, con lo cual, afirman las mismas fuentes, la Audiencia Nacional no debería tardar mucho en decidirse, coincidiendo en el tiempo con las negociaciones del Gobierno para intentar convalidar en el Congreso de los Diputados el 'nuevo gravamen'. Los recursos de Iberdrola y Endesa son los que están en un estado más avanzado, según ha podido saber este medio en fuentes del sector, aunque cualquier decisión tendría efecto dominó.El reglamento europeo obligaba a una contribución solidaria temporal sobre el beneficio extraordinario, no sobre la cifra de negocios como hace el gravamen aprobado en España. Y en lo que respecta al sector petrolero, lo circunscribía a las empresas extractoras y refineras, no a los distribuidores. En opinión de las fuentes consultadas, si la Audiencia Nacional decide plantear al TJUE las cuestión prejudicial solicitada por las empresas afectadas en sendos recursos, es porque tiene "dudas razonables" sobre su legalidad. Este procedimiento se considera útil cuando, ante un órgano jurisdiccional nacional, se plantee una cuestión de interpretación nueva y de interés general para la aplicación uniforme del Derecho de la UE, o cuando la jurisprudencia existente no parece dar la necesaria orientación para abordar una nueva situación jurídica. El TJUE suele tardar alrededor de un año en pronunciarse, apuntan fuentes jurídicas.Empresas y patronales recurrieron en bloque la Orden HFP/94/2023, de 2 de febrero, en la que se recoge el gravamen extraordinario al sector energético (modelos de declaración y pago anticipado). Entre ellas destacan Iberdrola, Endesa, Repsol, Moeve (antes Cepsa), la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) y la Unión de Petroleros Independientes (UPI). El gravamen extraordinario fue aprobada a finales de 2022 por una vigencia de dos años para incrementar la contribución fiscal del sector en un momento en el que, según el Gobierno, los precios altos de la electricidad y el gas generaron unos beneficios extraordinarios que las empresas niegan. La Audiencia Nacional rechazó la suspensión cautelar del gravamen solicitada por Repsol, pero las compañías confían en que la justicia acabará dándoles la razón.La tasa grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías energéticas que facturasen más de 1.000 millones en 2019. No afecta a los ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización. Tampoco a los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural ni, en el caso de generación con retribución regulada y retribución adicional en los territorios no peninsulares, a todos los ingresos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico, respectivamente. Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa y Naturgy han pagado en conjunto alrededor de los 2.400 millones de euros.Por su parte, el Real Decreto-ley 10/2024, de 23 de diciembre, para el establecimiento de un gravamen temporal energético durante el año 2025, debe someterse en el Pleno del Congreso para su convalidación o derogación, previsiblemente el 22 de enero. El Gobierno ha introducido deducciones a inversiones en transición ecológica para acercarse a Junts tras la amenaza de Repsol de paralizar proyectos en Tarragona, pero tanto la formación catalana como el PNV parecen estar muy lejos de dar su aval al nuevo gravamen. PSOE y Sumar acordaron convertirlo en permanente dentro del pacto de coalición para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo. ERC, Bildu y BNG también apoyan hacerlo fijo.Bajo el nuevo escenario, la obligación de pago nace el día 1 de enero de este año y deberá satisfacerse en los primeros 20 días naturales de septiembre, aunque sin perjuicio del pago anticipado en junio. El real decreto-ley también incluye una disposición adicional segunda para la revisión y concertación del gravamen en el sistema tributario de Euskadi y Navarra. Las resoluciones de los operadores principales y dominantes que deberán pagar el gravamen si finalmente sale adelante, corren a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

20 Minutos

El Gobierno central y Canarias se han marcado un plazo de diez días para tener zanjado un texto legislativo para la reubicación de los menores migrantes no acompañados que mantienen saturados los sistemas de acogida de las islas. Según ha contado este jueves el dirigente canario, Fernando Clavijo, tras reunirse con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ambas administraciones esperan que a finales de mes puedan enviar la iniciativa al Congreso para que sea convalidada por los grupos políticos, con quienes ambos siguen manteniendo conversaciones para asegurar su apoyo.El encuentro, mantenido a primera hora de esta mañana, se produce después de que Clavijo reclamase al Ejecutivo central una reunión urgente para poner fin a la crisis migratoria que vive el archipiélago. "Canarias no puede seguir esperando", ha sentenciado el líder canario a su salida de la reunión en Madrid, que sí ha tildado de "provechosa". Lo que se ha puesto sobre la mesa este jueves son dos asuntos clave en la marcha de las negociaciones para aliviar la presión que sufren los centros de menores en el archipiélago y Ceuta. Uno de ellos viene de lejos, que es la reforma de la ley de extranjería que no se consiguió sacar adelante en julio por los votos en contra de PP y Junts, y que blindaba por ley un mecanismo de "solidaridad obligatoria" en todo el país para la acogida de los menores extranjeros, cuya tutela es competencia de las comunidades autónomas.El otro es el borrador de decreto ley planteado hace poco por Clavijo para aprobar un mecanismo extraordinario y puntual para esa reubicación al resto de comunidades, mientras se intenta, en paralelo, alcanzar un acuerdo para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería. Esta es una opción que nunca ha terminado de convencer del todo al Gobierno central, que duda de su encaje legal e insiste en que igualmente se necesitaría de una mayoría cualificada en el Parlamento. "Habían encontrado algunos matices y hemos quedado en que en los próximos 10 días los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y los del Ministerio van a tener un texto cerrado para poder someterlo a la Abogacía del Estado", ha detallado el dirigente canario.El decreto ley, según Clavijo, daría una "solución más rápida" a la situación "límite" que dice que están viviendo en las islas en un arranque de año "muy duro", que, augura, "va a continuar". "No hay nada en el horizonte que nos aventure que se va a atenuar o se va a reducir, sino más bien todo lo contrario. La presión cada vez es mayor en esos países, en Senegal, Gambia, Marruecos y Mauritania", ha advertido. El escollo reside en que esa medida invadiría competencias de las comunidades autónomas y que, además, afecta al interés superior del menor, por lo que los servicios jurídicos están analizando hasta qué punto es viable.Sea decreto ley, sea proposición de ley, el objetivo es el mismo: hacer corresponsables al resto de comunidades autónomas en la tutela de los menores migrantes de los territorios que suelen recibir el grueso de las llegadas de cayucos. El mecanismo que ha regido hasta ahora (y que sigue vigente) es uno de solidaridad voluntaria, en el cual las autonomías se comprometen a acoger a un número determinado de menores migrantes pactado en una Conferencia Sectorial de Infancia."Lo que es evidente es que la voluntariedad no funciona, porque la realidad es que ni siquiera los repartos pactados en la Conferencia Sectorial se llevan a cabo en su totalidad, porque hay comunidades autónomas que no acogen", ha recriminado Clavijo, quien ha recordado que el archipiélago acoge ahora a 5.812 menores extranjeros no acompañados (casi el triple de su capacidad). "Nunca antes había tenido este volumen", ha subrayado, antes de alertar del "drama humanitario" que se está viviendo en las costas canarias.Según los criterios de población que definió Canarias en su borrador, con esta medida extraordinaria se tendrían que trasladar 4.000 menores migrantes de Canarias y otros 400 de Ceuta al resto de comunidades autónomas.En definitiva, lo pactado este jueves entre ambos dirigentes es un "calendario de actuación" para buscar, en las próximas semanas, "mecanismos que den respuesta al fenómeno migratorio en Canarias". Así lo ha explicado, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha insistido en que por ahora su departamento sí ve "viable" esa propuesta extraordinaria" de Clavijo, aunque asegura que todavía hay cuestiones jurídicas que tienen que "pulir".Así, el Ejecutivo convocará una Conferencia Sectorial de Infancia "en las próximas semanas", en la que se trasladarán a las comunidades ambas propuestas: la puntual de Canarias y la reforma de la ley de extranjería que, ha subrayado, "sigue siendo la prioridad para el Gobierno". En paralelo, Torres y Clavijo trabajarán para "culminar" un texto que de "respuesta jurídica, política y social" a los menores migrantes no acompañados. "Se hará lo que los informes jurídicos digan que es lo más viable", ha precisado, antes de aclarar que todavía no está cerrada la fórmula legislativa que se mandará al Congreso de los Diputados.(Más información en breve)

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