La reducción de la jornada laboral en España esta próxima a ser un hecho. De las 40 horas semanales a las que normalmente estamos acostumbrados, se espera que los españoles trabajen unas 37,5. La intención es clara, darle espacio a la conciliación familiar y el descanso, mientras se trabajan otros aspectos añadidos como la productividad y el ánimo de los empleados. Ahora bien, en lo que a descanso respecta, los ciudadanos tienen por ley derecho un mínimos de 30 días naturales que se traducen a 22 días laborables anuales destinados para sus respectivas vacaciones. Este periodo es obligatorio y no puede ser sustituido por compensaciones económicas, salvo en casos de finalización del contrato. Las fechas concretas se pactan con el empleador, pero los trabajadores tendrán, sin falta, este tiempo de desconexión. El cómputo de los días se realiza partiendo de la base que dice que se generan 1,8 días laborables de vacaciones por mes trabajado. En principio, eso no va a cambiar, para mal, pese a que ahora se trabaje 2,5 horas menos a la semana, pero lo cierto es que los días de vacaciones podría aumentar. Cabe resaltar que esto depende, en gran medida, de cada empresa y cómo compensen las horas extras trabajadas. Sin embargo, el borrador de la reducción de jornada ya es claro, ningún trabajador podrá superar el nuevo máximo legal de horas semanales, y de tener que hacerlo, estas horas de más comenzarán a contar como horas extras. Esto implica que, de continuar con la jornada de 40 horas, al acumular las horas extra derivadas del nuevo modelo de jornada, un trabajador podría llegar a disponer de hasta 12 días adicionales de descanso al año. Un aspecto que las empresas tendrán muy en cuenta si optan por no adaptar de inmediato sus horarios a los cambios establecidos por la nueva legislación. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley, y actualmente se encuentra en trámite parlamentario. El objetivo es que la medida entre en vigor antes del 31 de diciembre de 2025, beneficiando a aproximadamente 12,5 millones de trabajadores sin reducción salarial.  Sin embargo, la propuesta enfrenta oposición parlamentaria, especialmente de partidos como Junts, que han presentado enmiendas a la totalidad. Las críticas se centran en la falta de negociación con representantes catalanes y en el impacto económico que podría tener en pequeñas y medianas empresas y autónomos. Además de la reducción de horas, la ley incluye medidas como el derecho irrenunciable a la desconexión digital fuera del horario laboral y un sistema de control horario digital, interoperable y con control remoto. Las empresas que incumplan estas normativas podrían enfrentarse a sanciones de hasta 10. 000 euros por trabajador. El Gobierno también estudia permitir una distribución irregular del 10% de la jornada anual en sectores con necesidades intermitentes, como la agricultura o la hostelería, para facilitar la adaptación a la nueva normativa.